Coyuntura Cero

La abrupta llegada del gran negocio de los casinos en Baja California Sur, específicamente en su capital, La Paz, ha generado un fenómeno social poco estudiado e insuficientemente analizado. Su impacto negativo en las entrañas de un tejido social seriamente dañado, parece no conocerse y pasar inadvertido en una sociedad que vive una depresión colectiva, originada por temas multifactoriales.  El espejismo que ocasiona entrar a cada uno de estos mounstros del juego, transforma conciencias, mina la capacidad de reflexión de la gente, genera sueños guajiros y mitiga temporalmente el cúmulo de problemas que perviven en una sociedad con síntomas de descomposición. Alrededor de los casinos perviven las amenazas de lavado de dinero, el secuestro, el narcotráfico, la prostitución, la extorsión, por mencionar solo algunas de las consecuencias de la ludopatía, que carcome los miembros de una comunidad que debiera ver este negocio como un atractivo para el turismo extranjero y no com

Se percibe cruda la realidad. El origen de la armonización contable en México y las derivadas leyes en la materia, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2009), son el resultado del actual imperativo para facilitar el registro de las operaciones y por consecuencia, la fiscalización a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno, es decir, una intención velada por abonar a la transparencia de la gestión pública. Hoy parecen ser tales iniciativas, las mejores escusas para la corrupción, aunque debiera ser lo contrario. La contratación a precios estratosféricos de empresas para la asesoría y apoyo en este renglón y su correlativa oferta de programas (con aval o sin aval del CONAC) que son la panacea en esa premura de los gobiernos por cumplir con los tiempos fatales de la ley, circunstancia que como tal, está generando desvíos millonarios a los escasos recursos públicos de los estados y municipios, esto es, generando una veta de corrupción como el caso den

El vodevil del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, escenificado por sus actuales integrantes, deja mucho que desear del otrora considerado uno de los organismos mayormente reconocidos por su solvencia moral, sobriedad y profesionalismo en el que invariablemente se desempeñaba y asumía los asuntos públicos, permaneciendo casi incólume al señalamiento y al ejercicio de la crítica a la cual hoy se enfrenta con "méritos ganados a ley".  La llegada de Gerardo Laveaga quien sustituyó a la excelente gestión de Jackeline Peschard, ha sido la gota que derramó el vaso. Un personaje insulso, altamente cuestionado en sus responsabilidades anteriores, jurista pero igualmente literato, al parecer mas ocupado en asumir sus condecoraciones francesas que en desplegar una tarea que durante los últimos años ha servido a la sociedad en su exigencia de lograr una rendición de cuentas acorde y a la altura de nuestro país y sus ciudadanos. Al tomar prote